Pactos prometedores entre el optimismo y la duda

Miguel Saludes

La noticia sobre la firma de dos pactos importantes relativos a derechos humanos por parte del gobierno cubano, ha sido una de las notas relevantes del acontecer de la Isla durante los últimos días del 2007. El anuncio hecho por Felipe Pérez Roque el pasado 10 de diciembre, levantó numerosas conjeturas y comentarios.  El primero de los compromisos trata sobre derechos económicos, sociales y culturales, mientras el segundo contempla los civiles y políticos. Es este último el que levanta mayores expectativas.

Mientras el Canciller cubano daba a conocer la decisión del régimen, en el ámbito nacional se respiraba una atmósfera enrarecida por detenciones, actos de repudio y vejámenes contra diferentes movimientos cívicos. Era el decorado que servía de fondo a la proclamación de esta novedad. 

Algunos se apresuran a aplaudir la decisión en medio del escepticismo y la desconfianza de otros. Ciertamente es mejor ver las cosas con ojos esperanzadores. Aunque no se deben perder de vista ciertos pronunciamientos hechos por funcionarios cubanos, que ensombrecen las ilusiones que despiertan el paso acordado. Durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Santiago de Chile, Carlos Lage manifestó que su gobierno había sobre cumplido los convenios firmados por el propio Fidel Castro en 1996 con vista a fortalecer la democracia continental. Lage  no dudó en incluir dentro del sobre cumplimiento, aspectos tales como derechos de libertad y expresión. Ante los mandatarios reunidos en La Moneda el ministro dijo que la democracia en Cuba no es cuestión de apariencia, sino de esencia.

En sus declaraciones durante el anuncio de los acuerdos en materia de derechos humanos el Canciller cubano enfatizó que los mismos se encuentran ampliamente protegidos por las leyes nacionales y por la trayectoria de la revolución. En otro contexto la representación permanente de Cuba ante la ONU reafirmó que la Isla posee un digno historial de respeto a los derechos humanos, negando que allí existan violaciones que justifiquen la singularización del tema, sea en Ginebra o en otro escenario multilateral. 

El sostenimiento de un enfoque tan falso sobre las libertades cívicas por parte de la cúpula gobernante termina por alimentar las dudas sobre la buena voluntad que les anima en la firma de estos pactos. La realidad indica otras motivaciones en la movida. Esta se debe más a razones de frío cálculo político que a una lógica de justicia. El próximo año conmemorará el sesenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bajo la consigna "Dignidad y justicia para todos nosotros" la celebración puede ser aprovechada por la representación del régimen castrista. Para entonces estos deben tener preparado algún gesto que responda a la supresión de una molesta relatoría y al sitial con que les premiaron en la Comisión Internacional para los Derechos Humanos. La firma de un pacto no significa que vayan a ceder posiciones.

La dictadura reformada sigue contando con la imagen que les sirve de argumento en su discurso como los máximos exponentes del respeto a la dignidad humana. La corriente de ayuda médica y educativa que fluye desde la isla caribeña hacia múltiples regiones del continente y del planeta, les ofrece una cobertura ideal en su papel de garantes de los derechos universales. Se trata de un golpe de efecto, costoso para el pueblo cubano, pero indudablemente beneficioso para mostrar la cara buena del sistema.

La firma de un documento que implique aspectos civiles y políticos, no presenta graves inconvenientes para el gobierno cubano. Al menos a primera vista. Una vez rubricados los acuerdos siempre pueden surgir variantes para esquivar su cumplimento cabal. La liberación de los cinco cubanos presos en Estados Unidos bajo cargos de espionaje, el cierre de la prisión de Guantánamo, el levantamiento del embargo norteamericano y la extradición de Posada Carrilles a Venezuela, son algunas cartas adelantadas por La Habana como condicionantes para eludir lo pactado.. Todos son temas de difícil solución y por tanto muy útiles para justificar cualquier incumplimiento por la parte cubana. 

No obstante la dictadura enfrenta un reto con la firma de los acuerdos. Esto es algo que no debe desaprovechar el movimiento civilista cubano. En días recientes Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación, se encaminó en esa dirección al entregar sendos documentos en la sede de la Asamblea Nacional. Payá solicitó al parlamento la amnistía de los presos políticos y libertades para que los cubanos salgan y entren libremente a su país. Estas son dos condiciones esenciales que debe traer aparejada la firma del pacto político y social. La liberación de todos los prisioneros de conciencia condenados a penas que llegan a 28 años de privación de libertad por el simple delito de expresarse, debe ser consecuencia inmediata de ese acto. Igualmente debe ser suspendida la Ley 82 del Código Penal por la que fueron sentenciados los prisioneros de la Primavera Negra de Cuba. La llamada Ley Mordaza contradice cualquier acuerdo sobre derechos.

No puede excluirse la eliminación de las barreras legales que impiden a los cubanos salir o entrar a su patria. En esto no debe intervenir el otorgamiento de un permiso administrado según arbitrio combinado de las autoridades de inmigración y  la policía política. El concepto de salida definitiva, con las consecuencias que este acarrea, debe ser excluido del lenguaje migratorio cubano.

Esos son algunos de los grandes riesgos que corre la nomenclatura partidista de Cuba en caso de firmar los pactos anunciados. Si las cosas no salen según lo planificado, los voceros oficiales ya se encargaron de poner el parche por delante. Ellos alegan que mientras se mantenga esta situación de bonanza respecto a Cuba- léase gobierno- hay disposición de avanzar en el camino de los acuerdos. Pero si el tema se vuelve a politizarse entonces el país volverá a presentar batalla. Dicho de otra manera, cualquier sugerencia que parezca muy comprometedora será tomada por el régimen como pretexto para soslayar lo acordado.